En el fragor de una campaña electoral que ha puesto la seguridad en el centro del debate, el doctor Rodrigo Lara ha lanzado una advertencia que ningún candidato puede ignorar. En el podcast de nuestro portal, Realidad Republicana, el exsenador y excandidato presidencial analizó la urgente necesidad de una reforma a la justicia que el próximo gobierno deberá impulsar con prioridad. Su diagnóstico es contundente: el sistema judicial colombiano «no da abasto» frente a la creciente ola de delincuencia que azota tanto las zonas urbanas como rurales del país.

La reflexión del Dr. Lara parte de una realidad ineludible. La justicia en Colombia está colapsada, y los delitos menores junto con la reincidencia encuentran en el sistema penal un aliado involuntario para su perpetuación. El exsenador fue enfático al señalar que la solución no pasa solo por endurecer las penas, sino por fortalecer las herramientas legales y, sobre todo, «darle recursos a la justicia». Pero fue más allá en su diagnóstico: «Es que no hay plata, o a veces la plata se gasta muy mal». Una afirmación que resuena con fuerza en un contexto donde la institucionalidad parece moverse a un ritmo que no corresponde con la urgencia de las calles.

La reforma que propone Lara no es una idea nueva, pero sí una asignatura pendiente que ha sido postergada por décadas. El exsenador ha sido defensor de un enfoque restaurativo, que priorice la reparación del daño y la reintegración social para prevenir la reincidencia. La Escuela Judicial que lleva el nombre de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, ha sido un centro de formación clave para los operadores de justicia, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia en el país. Sin embargo, el legado de lucha por una justicia efectiva sigue enfrentando los mismos obstáculos: la falta de voluntad política y la corrupción en el uso de los recursos.

La respuesta, quizás, está en la priorización de otros frentes. Mientras el gobierno se ha enfocado en transformar el sistema de salud y reformar las pensiones, la justicia ha quedado relegada a un segundo plano, condenada a arrastrar los mismos vicios que la paralizan. La delincuencia común y la reincidencia siguen siendo un flagelo cotidiano, y el aparato judicial parece moverse a un ritmo que no corresponde con la urgencia de las calles. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha centrado su campaña en la implementación de la paz total y la reforma agraria, pero su silencio sobre una reforma estructural a la justicia es ensordecedor. Al final, los ciudadanos deberán preguntarse: ¿Por qué, si la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos, ni el gobierno actual ni su candidato han puesto sobre la mesa una propuesta seria para fortalecer el sistema judicial, y prefiere mantenerlo como un eslabón débil que alimenta la impunidad?