Iván Cepeda amenaza con desconocer al nuevo gobierno y llama a la desobediencia civil. No es oposición: es un acto de sedición disfrazado de resistencia pacífica que pone en riesgo la democracia colombiana.
La democracia se defiende en las urnas, no en las calles con consignas de rebelión. Sin embargo, el senador Iván Cepeda acaba de cruzar una línea que ningún líder político debería traspasar. En un vivo en sus redes sociales, el excandidato presidencial anunció que, si el presidente electo Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense, «emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad». No es una postura de control político; es un llamado explícito a fracturar el orden constitucional.
Aceptar el resultado electoral «no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves», afirmó Cepeda en declaraciones recogidas por BBC Mundo. Pero lo grave aquí no son sus denuncias —que incluyen supuesta injerencia de Donald Trump, manipulación con inteligencia artificial y compra de votos, según reportó NTN24— sino la conclusión práctica de su discurso: la legitimidad del nuevo gobierno está en entredicho y, por tanto, sus ciudadanos tendrían derecho a no acatarlo. Eso no es resistencia moral como la de Gandhi o Martin Luther King; es un desafío directo a la institucionalidad que, en un país con el pasado de Colombia, suena a pólvora.
Acaso esto es la misma estrategia de hacer no vivible el país como lo planteaba la vieja “revoltosa” de la JUCO. La comparación no es caprichosa. La JUCO, en su momento, predicó que la única salida era hacer ingobernable el territorio para forzar un cambio de régimen. Cepeda, sin decirlo explícitamente, parece seguir ese manual: deslegitimar al gobernante, sembrar dudas sobre el proceso electoral y convocar a la desobediencia. El resultado es el mismo: un país ingobernable, donde las reglas de juego las impone el que grita más fuerte.
Es urgente cuestionar si la desobediencia civil es legal y hasta dónde puede llegar. La Constitución colombiana no otorga el derecho a desconocer a un presidente electo por desacuerdos políticos. «Todo esto implica que si este conjunto de temas no se aclara, como líder de la oposición no me prestaré para violación de la soberanía y emprenderé la desobediencia civil», afirmó Cepeda. Lo que el senador omite es que «no reconocer la autoridad» es, en términos jurídicos, un paso peligrosamente cercano a la sedición. Las fuerzas militares y de policía están obligadas a acatar al mandatario legítimo, y llamar a la ciudadanía a hacer lo contrario es poner en jaque el Estado de derecho.
Cepeda asegura que ejercerá una «oposición democrática, vigilante y constructiva», según BBC Mundo. Pero esa promesa se desvanece cuando, antes de que el nuevo gobierno tome posesión, ya está anunciando que no acatará sus decisiones. Una oposición responsable no preanuncia la desobediencia; la ejerce en los debates, en las comisiones y en el control político. Lo que hace Cepeda es dinamitar el diálogo desde el primer día, y eso no es democracia: es un acto de fuerza.
Los colombianos hemos padecido suficientes fracturas como para permitir que la desobediencia civil se convierta en moneda corriente de la política. Si cada cuatro años el perdedor amenaza con romper el tablero, el sistema colapsa. El senador Cepeda tiene en sus manos la oportunidad de ser una oposición firme pero institucional. Que no confunda la resistencia con el obstruccionismo. La verdadera grandeza de un líder no está en su capacidad para incendiar la calle, sino en su habilidad para construir puentes sin que el país se derrumbe bajo sus pies.
¿Están los colombianos dispuestos a normalizar que un político perdedor convoque a desconocer al presidente electo, o preferimos exigir que las diferencias se diriman en el Congreso y no en las calles, defendiendo así la estabilidad de la nación por encima de los intereses de un bando?