La conclusión del escrutinio en las elecciones presidenciales colombianas ha dejado una huella que, por conocida, no deja de ser inquietante. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aceptó formalmente los resultados que dan como presidente electo a Abelardo de la Espriella, en un acto que calificó de «responsabilidad democrática». Sin embargo, el reconocimiento vino acompañado de un discurso que, en lugar de cerrar la herida política, reabrió viejas fisuras al sembrar acusaciones sin el sustento fáctico que la democracia exige.

Los números son contundentes y despejan cualquier duda sobre la transparencia del proceso. La Procuraduría informó que el preconteo coincidió en un 99,997% con el escrutinio oficial realizado por los jueces de la República, ratificando la eficiencia y transparencia del sistema electoral. Organismos como la Misión de Observación Electoral, la Unión Europea y la OEA descartaron irregularidades de fondo como menciona El País. A pesar de esta contundente evidencia, el candidato perdedor decidió mantener en el aire afirmaciones que no pueden probar.

Cepeda insistió en denunciar una supuesta compra de votos y una «abierta e indebida injerencia extranjera» del gobierno de Estados Unidos y del Presidente Donald Trump en la campaña. «Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad», declaró, sin presentar pruebas de sus aseveraciones. Esta estrategia revela una peligrosa contradicción: mientras se critica con severidad la injerencia externa cuando viene de Washington, no se encuentra reproche alguno cuando el Presidente Petro apoya abiertamente a causas de izquierda en la región, en casos como en México. La pregunta que surge, y que cuestiona la coherencia de esta postura, es: ¿por qué una injerencia es ilegítima y la otra es simplemente un gesto de camaradería ideológica?

El espectro del fraude, equivocado y sin pruebas, no solo debilita la confianza en las instituciones que el país necesita sólidas, sino que busca deslegitimar un triunfo electoral dentro de una ciudadanía que activamente fue a las urnas. Al hacerlo, Cepeda y Petro, en lugar de reconocer la derrota con grandeza, parecen esforzarse por instalar la idea de que cualquier victoria ajena a su proyecto es, por defecto, fraudulenta. Es un libreto ya conocido, donde si se gana, el sistema funcionó; y si se pierde, es fraude.

Colombia necesita estabilidad y un reconocimiento genuino de la voluntad popular. En este contexto de país dividido por la mitad, la ciudadanía debe preguntarse: ¿es la narrativa de la deslegitimación sin pruebas una herramienta para fortalecer la democracia o, por el contrario, es el primer paso para socavarla cuando los resultados no son los deseados?