A dos días de la segunda vuelta presidencial, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) vuelve a sacudir el tablero político. La detención provisional de la senadora Martha Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico, no es un hecho menor: es la constatación de que el entramado corrupto sigue teniendo ramificaciones en el Congreso y que la justicia, aunque tarde, comienza a cerrar el cerco.

La historia de esta detención es tan tortuosa como el propio escándalo. Peralta había sido citada en varias ocasiones a indagatoria ante la Corte Suprema por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en La Guajira. Según reveló El País, la magistrada Cristina Lombana ordenó su conducción por la fuerza después de que su defensa aplazara en dos oportunidades la diligencia. Pero lo que parecía una simple comparecencia terminó en un giro inesperado: al no presentarse voluntariamente, la Corte decidió conducirla mediante la Policía y, tras rendir indagatoria, ordenó su detención provisional – El País.

La pregunta que surge, cargada de una inevitable sospecha, es la siguiente: ¿Cómo es posible que una congresista, con múltiples citaciones previas, solo haya acudido a la justicia cuando la policía llegó a su puerta, y aun así insista en hablar de persecución política?

Según Infobae, la investigación contra Peralta se centra en un contrato por 2.170 millones de pesos para maquinaria amarilla en La Guajira, donde habría actuado como «articuladora» para asegurar apoyos legislativos a las reformas del Gobierno a cambio de gestiones desde la UNGRD como también menciona El Espectador. La senadora, sin embargo, rechazó los señalamientos y aseguró ante los medios que se trataba de una «persecución política» y una «campaña de mentiras» según El País. No obstante, los testimonios de los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, la señalan directamente como parte del engranaje corrupto – El Heraldo.

Lo que agrava la situación es el contexto electoral. Peralta se encontraba haciendo campaña en La Guajira por el candidato Iván Cepeda cuando la Corte activó el mecanismo de conducción de acuerdo con información recopilada por la silla vacía. La coincidencia temporal, sumada a la resistencia inicial de la senadora a comparecer, refuerza la percepción de que la justicia tuvo que actuar con mano firme ante la posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso. No se trata de una simple citación: es la respuesta del Estado a un intento de eludir el peso de la ley.

Al final, el elector deberá preguntarse: ¿Confiará en que la Corte Suprema está actuando con independencia para desmantelar la corrupción en la UNGRD, sin importar el momento electoral, o creerá que los señalamientos de «persecución política» son una cortina de humo para ocultar la complicidad de ciertos sectores políticos en el saqueo de los recursos públicos?