En el complejo escenario del empalme gubernamental, la agenda nacional se debate entre urgencias económicas y sociales. Sin embargo, hay un tema que se erige como la principal prueba de fuego para la nueva administración y el Congreso: la seguridad ciudadana. Para abordar este asunto, estuvimos conversando en una entrevista exclusiva desde nuestro portal Realidad Republicana con el Senador electo Rafael Nieto, quien fue contundente al señalar los grandes desafíos que enfrentarán el nuevo Gobierno y el Congreso en materia de seguridad ciudadana, justicia y lucha contra el crimen, temas que más preocupan a los colombianos.
En el marco de esta entrevista en Realidad Republicana, hicimos la pregunta clave sobre la necesidad de una reforma a la justicia y el Senador electo respondió con claridad: «Hablemos de 3 puntos: la primera, hemos intentado hacer reformas al sistema de administración de justicia casi un par de docenas de veces, todas sin éxito, ahora estamos frente a otra realidad; al ciudadano del común le preocupa que lo ataquen y que no le resuelvan y que además un delincuente que reincida vaya a una corte y salga libre y que siga delinquiendo». Frente a ello, propuso «buscar soluciones integrales a las preocupaciones ciudadanas dentro de esta reforma, se necesitaría más que una reforma a justicia, sería necesaria una reforma constitucional», aunque admitió que «no lo tengo claro» respecto a los canales para hacerlo. Como tercer punto, señaló que «sí necesitamos una reforma al sistema de administración de justicia que tiene que ver los famosos gestores de paz». Y fue en este punto donde el Senador electo fue más enfático: «sobre los gestores de paz sí tengo una postura muy clara, hay que restringirle las facultades al presidente, es decir, hoy Petro so pretexto de la paz hace cualquier cosa y no pasa nada».
El diagnóstico que el Senador Nieto compartió con nosotros es severo. Asegura que el país atraviesa un deterioro palpable en el orden público, mencionando que «los grupos violentos crecieron entre un 242% y un 300% y la tasa de homicidios es 10,8% superior a la del gobierno anterior», tal como lo había señalado en otros medios. Sin embargo, durante nuestra conversación profundizó en que la crítica no se limita a los resultados, sino a la política misma, que describe como mal planteada: «Uno no puede hacer treguas iniciando un proceso de paz, sino al final, cuando el grupo armado se va a desmovilizar».
La pregunta que surge en este contexto es inevitablemente: ¿Cómo puede un gobierno que recibe un país en esta situación priorizar cualquier otra agenda por encima de la restauración del orden y la autoridad del Estado?
A pesar de la gravedad del diagnóstico, el mensaje para el elector es de esperanza. La fortaleza de la democracia colombiana reside en su capacidad de autocrítica y en la posibilidad de un nuevo comienzo. La llegada de un Congreso con la voluntad de ejercer control político y de legislar con firmeza es el primer paso. En sus manos está la responsabilidad de construir el país, y la pregunta que queda flotando es: ¿será este el momento en que la voluntad política y la fuerza de la ley le devuelvan a Colombia la paz que tanto necesita?
