En el fragor de una campaña electoral que se presenta como una de las más polarizadas de la historia reciente del País, la sombra de una presunta persecución judicial se cierne sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La reciente citación a indagatoria por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997 durante su mandato como gobernador de Antioquia, ha sido interpretada por el exmandatario y su círculo más cercano no como un acto de justicia, sino como una «injusticia de clara presión política», una declaración que fue recogida y difundida por el diario El Tiempo y que resuena como un pronóstico sombrío sobre la independencia de los poderes en tiempos electorales.

La coincidencia en tiempos de campaña es, para muchos, un indicio ineludible de una estrategia orquestada. No es un secreto que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda ha sido un actor clave en la construcción de este escenario judicial. Su impulso, junto a la presión ejercida por el exfiscal Eduardo Montealegre a través de una tutela —que en su momento fue declarada improcedente por el Tribunal de Bogotá—, ha acelerado un proceso que, según la defensa de Uribe, omite pasos procesales fundamentales como menciona Infobae. En sus redes sociales, Uribe cuestionó duramente a la fiscal encargada del caso: «La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta hace poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme». La conexión entre el gobierno de Gustavo Petro y estas acciones es evidente: se está «reactivando un esquema de lawfare contra Álvaro Uribe con el objetivo de incidir en el proceso electoral en Colombia» – Infobae.

La narrativa de una conspiración entre el petrismo y el expresidente Juan Manuel Santos para neutralizar a Uribe ha sido defendida en su momento, por figuras cercanas al exmandatario. Tomás Uribe, hijo del expresidente, ha señaló entonces, que «la naturaleza política del caso era evidente: la investigación se inició cuando Uribe lideraba la oposición a Juan Manuel Santos y el juicio comenzó como líder de la oposición a Gustavo Petro» como lo reseñó la Revista Semana. Esta perceptiva se fortalece cuando se observa que la investigación surge a pocas semanas de las elecciones de 2026, un momento en que la influencia de Uribe sigue siendo decisiva en la movilización de la oposición. Cabe recordar que las masacres de El Aro y La Granja dejaron 15 y 4 víctimas mortales respectivamente, y por estos hechos ya fueron condenados los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba.

Al final, la ciudadanía deberá preguntarse: ¿Confiará en que el peso de la ley se aplica con imparcialidad o verá, como lo denuncia el expresidente Uribe, que su condena está siendo tejida en el telar de la venganza política para asegurar la continuidad del proyecto de izquierda en el poder?