La inminente liquidación del Ministerio de la Igualdad no es un simple accidente burocrático; es la consecuencia predecible de una decisión política que priorizó el simbolismo por encima del rigor institucional. El gobierno de Gustavo Petro nunca logró justificar, con la solidez jurídica y financiera requerida, la creación de esta cartera, y el país pagará la factura.

El pasado 20 de junio, la Corte Constitucional dejó sin efecto la Ley 2281 de 2023, que dio origen al Ministerio, al declararla inexequible por vicios de trámite. El fallo se basó en la falta de un análisis de impacto fiscal, un requisito elemental que el Gobierno no supo o no quiso cumplir. Aunque se concedió un plazo para corregir el error, el Congreso no logró tramitar una nueva ley para salvar la entidad, de acuerdo con la revista Forbes Colombia e Infobae.

Así, el «elefante blanco» del Gobierno, como lo denominó un análisis de la época, se convierte en un lastre financiero. Tras haber administrado recursos por más de 2,8 billones de pesos en su corta existencia, el ministerio deja un saldo de ineficiencia que raya en el escándalo, no solo en la promesa incumplida de atender a las poblaciones más vulnerables. La ejecución presupuestal fue paupérrima: en su primer año completo apenas alcanzó el 5% y, para 2025, con un presupuesto de 455 mil millones de pesos, los pagos efectivos no superaron el 23,5%, datos recopilados por Forbes Colombia e Infobae. Cifras oficiales revelan que, de nueve proyectos de inversión en 2025, cuatro no ejecutaron ni el 1% de sus recursos como menciona Infobae.

Más grave aún es la opacidad en el uso de fondos. La senadora Paloma Valencia denunció que, de los 2,8 billones de pesos, 2,1 billones fueron transferidos a un «Fondo Paralelo» que, al cierre de febrero de 2026, solo había ejecutado el 48,7%, y el 26,5% ni siquiera tenía proyectos asignados. Mientras tanto, el despilfarro en burocracia y la contratación de personal temporal, con empresas como Laborando S.A., contrasta con la nula ejecución de programas para mujeres víctimas de violencia o el acceso al agua según Infobae. El costo de esta decisión errónea no es solo político; el proceso de liquidación dejará a más de 650 funcionarios en la calle y representa una millonaria carga para el bolsillo de los colombianos, que deben preguntarse: ¿Cuántos hospitales, colegios o vías se pudieron haber financiado con los más de 2,8 billones de pesos que se dilapidaron en una estructura sin alma ni justificación?

Esta no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de elemental probidad fiscal. El Ministerio de la Igualdad no desaparece por un capricho judicial, sino por la negligencia de un Gobierno que quiso construir sobre la arena. ¿Qué garantía tiene el elector de que las próximas grandes promesas no terminarán en el mismo abismo de ineficiencia y despilfarro?