Los números del escrutinio en Perú son contundentes, y el país se suma a una tendencia regional que ya no admite dudas. Con el 99,1% de las actas procesadas, la ventaja de casi 37.000 votos de Fujimori sobre Sánchez consolida un giro hacia la derecha que ha sido refrendado en las urnas. Pero la pregunta que aquí nos convoca, la que debería interpelar al elector colombiano, no es quién ganará en el vecino país, sino qué sucede cuando la izquierda decide que las reglas del juego solo son válidas si el resultado le favorece. ¿Acaso la democracia es un contrato de adhesión condicionada?
En Colombia, la campaña electoral ha destapado una inquietante verdad: la izquierda ya ha advertido que no aceptará un triunfo de la derecha sin resistencia. El candidato de derecha ha alertado sobre un plan de la izquierda para lanzar protestas violentas si él ganara, según informó el diario El Colombiano. Figuras cercanas al candidato Cepeda ya han lanzado advertencias crudas: «Si gana el fascismo, se recrudecerá la violencia» y «este país se va a incendiar». La democracia, en este esquema, parece ser un lujo que solo pueden permitirse cuando el poder queda en sus manos.
Esta actitud no es nueva ni aislada. El mismo patrón se observó en Perú tras la detención del expresidente Pedro Castillo. Miles de personas tomaron las calles de Lima y otras ciudades peruanas, exigiendo su liberación y protestando contra el Congreso, en lo que el diario El Colombiano calificó como violentas protestas que incluyeron enfrentamientos con la Policía y barricadas en las vías más transitadas. Los manifestantes coreaban consignas como «¡Pedro Castillo, Perú está contigo!» y «¡Si no hay liberación, habrá revolución!». Desde su lugar de reclusión, Castillo solicitó asilo político al gobierno de México, mientras sus simpatizantes pedían el desmonte del Congreso y la realización de una Asamblea Constituyente. La movilización, que dejó decenas de muertos y cientos de heridos en los meses siguientes, evidencia cómo un sector político puede optar por la confrontación callejera cuando el poder se le escapa.
Las fuentes de inteligencia en Colombia ya han activado las alertas, focalizando su atención en las principales ciudades del país ante la posibilidad de un estallido social. La izquierda, en lugar de prepararse para una eventual derrota en las urnas, parece estar afinando su maquinaria de movilización callejera. El recuerdo del paro nacional de 2021, que dejó pérdidas cercanas a los $10 billones, no es un disuasivo; es, para algunos, un ensayo general. La MOE, por su parte, ha alertado sobre la creciente radicalización del debate político, advirtiendo que «la estigmatización del adversario y la proliferación de discursos de odio agravan la inseguridad para quienes ejercen liderazgos políticos».
La región está cambiando. Perú se suma a una ola de gobiernos de derecha que han sido refrendados en las urnas. Pero lo inquietante no es ese giro político, legítimo en cualquier democracia, sino la reacción de quienes se dicen defensores del pueblo, pero solo reconocen la soberanía popular cuando los votos les son favorables. La democracia no es un menú a la carta donde se aceptan los platos que gustan y se rechazan los que no. Es un sistema de reglas que obliga a todos, especialmente a quienes pierden.
La pregunta que debe resonar en la mente de cada ciudadano es si está dispuesto a aceptar que un sector político convierta las calles en un tribunal de excepción cada vez que las urnas le sean adversas. ¿Es Colombia un país de instituciones o de barricadas? Porque si la izquierda ya anuncia que no reconocerá una derrota, entonces el verdadero riesgo no es quién gane, sino qué queda de la democracia cuando se pierde.