El pasado 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Con 12,9 millones de votos frente a los 12,7 de Iván Cepeda, la voluntad popular quedó sellada en las urnas. Sin embargo, lo que debería ser el inicio de una transición ordenada se ha convertido en una crisis institucional sin precedentes, alimentada por las declaraciones del presidente saliente, Gustavo Petro.
Esta semana, el mandatario decidió desconocer la legitimidad del gobierno entrante, afirmando que «Abelardo no ganó las elecciones». Una postura que, según informó El Tiempo, llevó al presidente electo a ordenar a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, la suspensión del proceso de empalme con el gobierno actual. La decisión es una respuesta lógica ante el rompimiento del orden constitucional que implica negar el veredicto de las autoridades electorales.
Las reacciones no se hicieron esperar. Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, calificó la postura del actual jefe de Estado como «absolutamente delirante». En declaraciones recogidas por Semana, el funcionario entrante fue contundente: «Nadie se explica que un presidente en ejercicio salga en un trino a desconocer los resultados electorales, es decir, a desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano». Es un caso inédito en Colombia que un mandatario anuncie a su delfín, Cepeda, como presidente, omitiendo la realidad que han dictado las urnas.
Pero más allá del desafío retórico, lo que está en juego es el respeto a las normas fundamentales que rigen la República. La Constitución de 1991 es clara: el presidente electo es quien obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera o segunda vuelta, y su proclamación corresponde al Consejo Nacional Electoral. Al ignorar este mandato, Petro no solo cuestiona un resultado, sino que socava el pilar mismo del Estado social de derecho. Rompiendo el orden constitucional, como lo ha denunciado el equipo de De la Espriella, el presidente saliente obliga a suspender el empalme de la presidencia, generando un vacío de gobernabilidad que afecta la continuidad del Estado. ¿Acaso las creencias personales de un mandatario están por encima de la Carta Magna que juró defender?
Mientras el presidente insiste en teorías de fraude algorítmico desmentidas por la Procuraduría, que confirmó una coincidencia del 99,997% entre el pre-conteo y el escrutinio, el país se enfrenta a una interrogante peligrosa: ¿Qué ocurre cuando quien debe velar por la constitución se convierte en su principal amenaza?
El llamado a la «desobediencia civil» y las movilizaciones convocadas para el 20 de julio encenderán las alarmas. La institucionalidad, y en particular la fuerza pública, tiene la responsabilidad de hacer respetar la constitución y el orden. Pero la gran pregunta que queda en el aire, y que debería invitar a la reflexión de toda la ciudadanía, es: Si el primer mandatario siembra la duda sobre la legitimidad del sistema que lo eligió, ¿cómo podemos esperar que los colombianos confíen en unas instituciones que él mismo se ha encargado de debilitar?