El gobierno de Gustavo Petro cierra su mandato como lo vivió durante cuatro años: entre escándalos de corrupción. La Unidad de Gestión del Riesgo, Ecopetrol, la Unidad Nacional de Protección, el otorgamiento irregular de tierras — una lista que los colombianos conocen de memoria. Pero justo cuando el reloj del gobierno marcaba sus últimas horas, llegó uno más.

Revista Semana publicó esta semana una investigación que revela la existencia de una presunta red de corrupción liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Las pruebas incluyen chats de WhatsApp, audios, tiquetes aéreos y consignaciones bancarias que documentan un esquema que habría operado entre 2024 y 2026, vendiendo acceso a contratos del Estado al mejor postor.

¿Quién es Juliana Guerrero?

Para quienes no la recuerdan, Juliana Guerrero no es un nombre nuevo en los escándalos del gobierno Petro. Ya había sido señalada por presentar títulos profesionales falsos para posesionarse en el Viceministerio de las Juventudes — caso por el que hoy está imputada ante la justicia. Pese a eso, siguió siendo considerada una de las mujeres más poderosas del gobierno, con acceso directo a los más altos niveles del ejecutivo.

Ese poder es precisamente lo que, según Semana, ella y su hermana convirtieron en negocio.

El esquema: reuniones, anticipos y comisiones

De acuerdo con la investigación, la estructura funcionaba con una tarifa clara: un millón de pesos por reunión con funcionarios del gobierno, un anticipo de 200 millones de pesos, y el cobro del 10% del valor de cada contrato que fuera adjudicado. Los ministerios de Vivienda, Interior, Defensa y Ambiente figuran entre las entidades donde habrían operado los tentáculos de las hermanas Guerrero.

En los chats revelados por Semana, Verónica Guerrero aparece tranquilizando a los empresarios que esperaban resultados con una frase que lo dice todo: «Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes» — expresión que, según el medio, hacía referencia directa al presidente Petro.

La respuesta de Petro: culpar a los empresarios

Cuando el escándalo estalló, el presidente saliente reaccionó en X con una frase que resume su forma de gobernar: «Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia.»

No hubo indignación. No hubo llamado a la justicia. No hubo reconocimiento del daño institucional. Su primer impulso fue defender su imagen personal y responsabilizar a los afectados por haber caído en la trampa. Agregó, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, que «el jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia.»

Un presidente que termina su mandato hablando de sí mismo como «el jefe de jefes» y llamando «pendejos» a quienes fueron víctimas de la corrupción en su propio entorno.

El silencio del Pacto Histórico

Lo que resulta igualmente revelador es lo que no se dice. El Pacto Histórico — declarado en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella — ha salido en los últimos días a cuestionar los costos de la posesión del presidente electo, a exigir transparencia, a pedir cuentas.

Pero sobre Juliana Guerrero, silencio. Sobre la UNGRD, silencio. Sobre cuatro años de escándalos en su propio gobierno, silencio absoluto.

La coherencia política no es solo criticar al que viene. Es también responder por lo que dejó el que se va. Y en ese ejercicio, el Pacto Histórico ha brillado por su ausencia.

Lo que queda

Colombia cierra un capítulo y abre otro el 7 de agosto. Pero antes de mirar hacia adelante, vale la pena que quede registrado lo que deja este gobierno: una funcionaria con títulos falsos, protegida por el poder, hoy imputada y señalada de liderar una red que vendía contratos del Estado al mejor postor.

Y un presidente que al final, en vez de pedir perdón a los colombianos, le dijo a los afectados que fueron unos pendejos.

Eso también es parte del legado.

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