Si hay un cargo donde la ética debe ser tan sólida como una plataforma petrolera, es la presidencia de Ecopetrol. Sin embargo, Ricardo Roa acaba de entrar en el ojo del huracán. La Fiscalía lo imputó formalmente por tráfico de influencias. ¿La razón? Un presunto «yo te ayudo, tú me ayudas» que involucra un contrato de gas y un apartamento sospechosamente barato.
Masticando el dato:
- El almuerzo de los favores: Según la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, Roa habría usado su cargo en Ecopetrol para darle órdenes directas al presidente de Hocol. ¿La instrucción? Adjudicar a dedo un proyecto de regasificación (Chuchupa–Ballena) a la empresa GAXI ESP S.A.S. ¿El detalle? El dueño de esa empresa, Juan Guillermo Mancera, no era un desconocido para Roa; tenían negocios previos.
- A puerta cerrada: La investigación detalla reuniones en restaurantes de lujo (como el Flora en Bogotá) y sesiones privadas después de juntas directivas donde, supuestamente, Roa insistía en que el contrato debía ser para su socio. Nada de licitaciones transparentes, sino puro «dedazo» de oficina.
- El «gangazo» inmobiliario: Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Poco después de estas movidas, Roa compró un apartamento por $1.800 millones. Suena a mucha plata, ¿cierto? El problema es que el valor comercial era de $2.727 millones. Es decir, la diferencia de $927 millones se considera un beneficio irregular (descuento del 34%) vinculado a posibles favores contractuales, marcando el punto clave de la investigación penal.
#PARAPENSAR: Mientras el país discute la transición energética y el futuro del gas, la cabeza de nuestra empresa más importante está sentada en una audiencia de imputación. Usar su cargo para beneficiar amigos a cambio de «descuentos» personales es el cáncer que frena el desarrollo.