Sacar el pasaporte en Colombia se ha vuelto un deporte de alto riesgo, y no precisamente por las filas. El presidente Petro acaba de encender el ventilador contra el Procurador, acusándolo de querer frenar a toda costa el nuevo contrato con la Casa de la Moneda de Portugal. Según el mandatario, hay una «maniobra política» para boicotear el modelo estatal, pero detrás del discurso hay un choque de trenes que tiene a los ciudadanos en la mitad.
Masticando el conflicto:
- El Gobierno ya dio luz verde al acuerdo con los portugueses, apostándole a un modelo donde el Estado recupere el control de la impresión de los pasaportes, desplazando a los privados de siempre. Sin embargo, la Procuraduría ha pedido suspender partes clave del esquema, señalando riesgos financieros que podrían convertir esta «soberanía» en un dolor de cabeza logístico para millones de colombianos.
- ¿Control técnico o zancadilla política? La mirada técnica sugiere que cambiar de proveedor sin un plan de transición blindado es, básicamente, experimentar con el derecho a la movilidad de la gente. Aquí el enredo no es solo quién imprime, sino quién garantiza que el sistema no se caiga mañana.
- El costo de la improvisación: En la guerra de trinos entre Presidencia y la Procuraduría, el ciudadano queda en el medio. Lo que está en juego no es solo una libreta de viaje con paisajes nacionales y alta tecnología; es la confianza en que el Estado pueda prestar un servicio básico sin que se convierta en un campo de batalla ideológico.
#PARAPENSAR:
En la guerra de trinos y comunicados, la eficiencia suele ser la primera víctima. Defender lo público es una bandera legítima, pero hacerlo sin blindaje técnico es un riesgo que el bolsillo de los colombianos no debería asumir.
La soberanía no se decreta, se ejecuta con rigor. Si el contrato con Portugal tiene baches técnicos, la Procuraduría está en su deber de avisar; pero si la suspensión es solo una traba burocrática para frenar un modelo distinto, el costo lo pagará el usuario.